A horas de haberse aprobado en el Senado de la Nación una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, se expresó a favor de la defensa de la gratuidad en las universidades públicas. “En pocos días vamos a reunirnos en el CIN para considerar los alcances de esta modificación a la LES, dado que lo que sabemos por los medios de comunicación todavía es muy escueto. Se habla del ingreso irrestricto y de la gratuidad de estudios superiores, pero aún no sabemos si también alcanza a los estudios de posgrado, por ejemplo”, dijo Nasisi. La difusión de la noticia ha tenido dispar tratamiento en los medios de circulación nacional. Mientras algunos aplauden la iniciativa, que ya tenía media sanción de Diputados, otros la consideran “demagógica e irresponsable”. Página/12, en su crónica, manifiesta que “respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta”. En el extremo opuesto, Clarín reproduce la opinión de un investigador de una universidad privada, la Di Tella. Se trata de Marcelo Rabossi, quien afirma que “el ingreso irrestricto se presenta como un sistema igualitario, pero no lo es tanto. Los alumnos universitarios de los sectores más pobres tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios antes de graduarse que los de los sectores más ricos. Entonces, el sistema es democrático –y hasta por ahí nomás– en el ingreso, pero selectivo en el egreso”. Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales. La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho. Fuentes: Página/12 y Clarín