Ricardo Coca, secretario Administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (SAF) analizó la situación del sistema universitario público en general y de la UNSJ en particular, con porcentajes y datos aclaratorios luego que el gobierno nacional prorrogara el presupuesto 2023 para 2024 en todas las casas de estudio.

“Lo que está pasando en las Universidades es por ejemplo, que se le diga a una familia que vivan en enero y febrero del 2024 con el sueldo que tenía en enero y febrero del 2023. En este momento tenemos un presupuesto prorrogado 2023 que se calculó en septiembre del 2022. En términos reales estamos recibiendo el 30 % de lo que recibíamos a comienzo del año pasado”, comenzó a decir Coca.

“Esto hace -explicó- que sea inviable cualquier tipo de funcionamiento, porque la Secretaría de Educación envía de forma fija 150 millones para financiar absolutamente todo el movimiento de la Universidad: esto es servicios, limpieza, seguridad, comedor, becas, pequeñas obras, higiene y seguridad, etc. La partida de sueldos llega por otro lado, y lógicamente queda afectada a ese destino”.

Expresó además que “estos 150 millones, son por los cuales todas las universidades dijeron ‘no podemos funcionar de esta manera’, porque el recorte no sólo afectará los superfluo, sino que afectará lo central. Como el hecho de que el alumno llegue al aula, y tenga iluminación, climatización en el caso que lo necesite, bienes de capital que hacen falta en un aula, por ejemplo, un proyector, o cualquier otro elemento de ese tipo que se requiera, para el funcionamiento de la Universidad. El CIN expresó su preocupación y todas las universidades están diciendo lo mismo: ‘hasta mayo más o menos podemos manejarnos’, de ahí en mas no sé qué va a pasar si no hay un apoyo del gobierno nacional, que incremente este presupuesto 2023”.

Continuando con su análisis, Coca calificó a la situación como “compleja” y agregó que el CIN le planteó a la Secretaría de Educación que la primera prioridad es incrementar los gastos de funcionamiento. No se puede vivir con lo mismo que en enero del año pasado. Y la segunda prioridad es que se discutan salarios. Se debe tener en cuenta que, en el mes de febrero, los docentes y no docentes tuvieron un aumento de 16%, 10% que viene de la paritaria del gobierno anterior y 6% que aportó este gobierno en enero, luego ningún aumento. Contra una inflación acumulada de más de 45%, o 50% y ahora, un poco más, lo que hace que los salarios también empiecen a deteriorarse fuertemente. En el mes que a los empleados públicos se le dio el 26 %, a los docentes y no docentes de la universidad, se le dio el 16%”.

Con más detalle, el SAF dijo que “en enero se pagaron 20 millones de energía eléctrica, que corresponden a los meses de octubre y noviembre, porque los bimestres vienen desfasados. Pero en abril vamos a tener el impacto de haber iniciado las clases de los preuniversitarios y universitarios. Con la quita del subsidio más el incremento previsto, se calcula que esos 20 millones se transformarán en 60 millones, y que puede llegar incluso a un poco más si se pierden algunos subsidios provinciales”.

“Estamos en una encrucijada -enfatizó Coca- porque se decidió mantener un ingreso constante, mientras que los servicios van a ir creciendo en forma exponencial. O sea, de los 150 millones que se reciban en abril se tendría que estar pagando entre 60 a 80 millones solamente por encender la luz. Esto haría que prácticamente todo lo demás, se vea muy afectado, como la investigación, la extensión, etc”.

En cuanto al tema del salario, refirió que “corresponde a la instancia de la paritaria nacional, en donde los gremios, los rectores y el gobierno se juntan para determinar este tema. En la última paritaria se comunicó la desaparición del FONID, y este mes ya los docentes preuniversitarios no cobraron el Fondo Nacional de incentivos docentes, que era algo que se venía cobrando desde la época de Menem. Por otro lado, el gobierno nacional dijo: ‘Miren, tienen que discutir ustedes el tema salarial, el Gobierno Nacional no tiene que estar involucrado’, cosa que indudablemente sería muy problemático porque las Universidades tienen el presupuesto que les da el gobierno nacional. Entonces, en el marco de qué presupuesto podrán discutir un aumento rectores y gremios, si tenemos un presupuesto prorrogado a 2023”.

En otro punto, Coca dijo que “todas las obras están totalmente paradas en este momento debido a que el gran recorte fue del 98% en la transferencia a provincias, y el recorte a universidades fue más del 30%, en términos generales, a lo que se sumó la paralización de la obra pública. Esto afectó por ejemplo a la Escuela de música. En la UNSJ, tenemos que empezar a ver si con algún tipo de presupuesto extra o con algún tipo de apoyo externo se puede seguir sosteniendo la obra, que es sumamente necesaria”.

“Estamos en un momento muy difícil -concluyó Coca- el más difícil desde que yo tengo conocimiento. Empecé como docente en el 94, en el 2002 fui director de departamento y en el año 2008, fui decano, y nunca hemos vivido una situación como esta, de un ahogo presupuestario tan marcado”.