Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se pronunció en rechazo al viaje que realizaron en conjunto jueces federales, abogados, un funcionario político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empresarios (incluido uno de una importante empresa periodística) hace días a la propiedad del empresario británico Joe Lewis, en la localidad de Lago Escondido, en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro. El hecho ha tenido y tiene una fuerte trascendencia a nivel nacional.

La iniciativa surgió de la docente e investigadora Paula Mateos, actual directora de la Editorial de la UNSJ. Entre los motivos de su solicitud, Mateos expresa que los integrantes de ese grupo que viajó a Río Negro "han sido descubiertos realizando una multiplicidad de delitos entre los que resaltan el de incumplimiento de funcionario público, admisión de dádivas, ofrecimiento de dádivas, tráfico de influencias y cohecho agravado por la condición de magistrados". Posteriormente, habla de "la indignación que implica compartir la condición de catedráticos con este grupo de jueces y fiscales, dado que se trata de egresados y/o catedráticos de Universidades Públicas de Argentina, que tienen como campo disciplinario el del Derecho y cuya investidura es la de impartir justicia. Quienes nos desempeñamos decentemente en Universidades Nacionales formamos parte de un colectivo académico que no puede avalar con el silencio este tipo de accionar en funcionarios públicos. Cabe agregar que desde que este caso tomó estado público, múltiples Universidades Nacionales han pronunciado su repudio a través de sus Consejos. Asimismo, lo han hecho diversas asociaciones profesionales del derecho de todo el país”. Estos fundamentos luego fueron parte del pronunciamiento de rechazo.

A continuación, el pronunciamiento:

“Frente a los hechos de conocimiento público que tuvieron lugar en las inmediaciones de Lago Escondido, el Consejo Superior de la UNSJ rechaza el accionar de las autoridades judiciales del fuero federal involucradas.

En nuestra condición de universitarios pertenecientes a las universidades argentinas, no avalamos compartir la condición de catedráticos con este grupo de magistrados, cuyo accionar atenta contra la ética en cuanto tienen como campo disciplinario el del derecho y como investidura la de impartir justicia.

Esta falta de ética y de integridad, además de vulnerar la responsabilidad institucional que les cabe por los cargos que ostentan, totalmente incompatible con los fines y principios de la Universidad Pública, genera una profunda preocupación por sus consecuencias en la formación académica de nuestros estudiantes”.